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César Augusto Asencio acusado por varios delitos

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César Augusto Asencio acusado por varios delitos

El primer edil declarará el 22 de diciembre.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Elche ha aceptado a trámite la querella del Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción contra el alcande de Crevillent y vicepresidente de la Diputación Provincial, César Augusto Asencio, por la prórroga durante casi dos décadas del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos con la empresa Abornasa. La jueza ha citado al primer edil crevillentino, en calidad de investigado, a declarar el próximo 22 de diciembre. El auto, emitido el pasado 14 de noviembre, advierte, según la interpretación del juzgado, una serie de irregularidades tanto en la prórroga del contrato que se firmó en el año 1996, como en la renovación que se llevó a cabo en 2013. La querella apunta a supuestos delitos de prevaricación administrativa, contra los recursos naturales y de exacciones ilegales.

Esta querella fue presentada en su día por los ediles de l’Esquerra Vicent Selva y Daniel Galvany, pero fue asumida posteriormente por el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, una vez que los ediles no quisieron asumir el coste de la fianza fijada por el juzgado.

Según recoge el auto la concesión del servicio adoleció de importantes deficiencias legales como, por ejemplo, la ausencia de documentos preceptivos para entender los términos de contrato y evaluar la prestación del servicio. La jueza también indica que en el contrato no estaba especificada la duración de las prórrogas anuales automáticas, y que en el expediente de contratación no figuraban ni el pliego de prescripciones técnicas, ni memoria económica y financiera. La jueza dice que en la fecha de la formalización del contrato la legislación obligaba a fijar la duración del contrato y la de sus prórrogas.

El juzgado también indica que el Ayuntamiento de Crevillent estuvo liquidando a Abornasa durante años y años facturas de elevadísima cuantía por la vía de reconocimientos extrajudiciales de crédito sin saber cuáles son las condiciones técnicas de los servicios prestados y dejando que fuese la propia empresa quien fijara el precio. En este sentido, el auto se hace eco de los continuos reparos que ponía al pago de las facturas el entonces interventor municipal Fernando Urruticoechea.

El contrato con Abornasa estuvo vigente hasta 2013, cuando el Ayuntamiento decidió volver a sacarlo a licitación con un pliego de condiciones que, recoge el auto, exigía requisitos que sólo podía cumplir la empresa Abornasa. De hecho, una de las condiciones era que la distancia entre el emplazamiento previsto para el tratamiento de residuos y el núcleo urbano no fuese superior a 10 kilómetros, cuando no existía ninguna otra empresa en el referido ámbito espacial.

El nuevo contrato fue declarado nulo en 2016 por una sentencia judicial ya que la planta de basuras no contaba con la licencia ambiental integrada y no estaba en condiciones de obtenerla. De hecho actualmente sigue pleiteando en los juzgados contra la Generalitat con el fin de conseguirla.

En referencia a este tema el auto valora negativamente que la planta de Abornasa a la que se llevaban los residuos estaba dentro del área protegida del parque natural de El Hondo, y que la empresa no contaba con la declaración ambiental integrada que exige actualmente la ley.

Es más, el juzgado apunta a que el Ayuntamiento sometió a información pública un plan especial elaborado por la propia empresa. El auto indica que Abornasa, «con manifiesto interés económico, logístico y estratégico en mantener la planta en la actual ubicación», decidió que la actividad que llevaba a cabo era compatible con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante. Contra esto el auto judicial insiste en que la empresa no podía elaborar el plan al ser una de las partes implicadas, y que se podían ver beneficiadas.

La juez considera, además, que la zona de El Hondo donde está la planta, es una de las tres áreas de todo el Sistema de Zonas Húmedas de Alicante que está incluida dentro de los LIC (Lugar de interés comunitario) y catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), constituyendo «una de las áreas de mayor valor ambiental y paisajístico de la Comunidad Valenciana y de todo el Mediterráneo Occidental».

El auto llega después de que el TSJ declarase nula la sentencia que anuló el contrato por la ausencia de licencia ambiental integrada. En cuanto a este tema, el TSJ consideró el que el Consistorio no tenía por qué saber que la empresa no iba a poder regularizar su situación.

César Augusto Asencio

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