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España lidera desde el punto de vista legal la igualdad del colectivo LGTB, ¿y socialmente?

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Mané Fernández, vicepresidente de la Federación Estatal LGTB, y Gemma Pérez, miembro del despacho Aba Abogadas abordan en este debate la igualdad desde el punto de vista legal y social del colectivo LGTB. Este fin de semana fueron los protagonistas de la gran fiesta del orgullo gay en Madrid, donde se dieron cita cientos de miles de personas reivindicando su visibilidad y derechos.


Al poder político: falta una ley de igualdad LGTBI

Para saber si hemos avanzado o no, debemos hacer previamente un repaso sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Precisamente, FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales) dedica su año temático a los mayores y a la memoria histórica, siendo este año el 50 aniversario de las revueltas de Stonewall, lo que abre la lucha del colectivo LGTB en la persecución de sus derechos y libertades. En esta memoria no podemos olvidar en qué momento nos encontrábamos en el Estado español, donde la Ley de Peligrosidad Social hizo que muchos hombres homosexuales y mujeres trans entraran en la cárcel solo por amar desde una perspectiva no normativa sin derecho a un juicio o a la defensa de su libertad sexual.

En 1978 se logra la derogación de esta ley, lo que no quiere decir que los derechos del colectivo LGTB dejen de ser despreciados, ya que al mismo tiempo se aprueba la Ley de Escándalo Público que impedía cualquier tipo de actitud amorosa en lugares públicos, bajo la amenaza de terminar en la cárcel. No es hasta finales de los 90 cuando los colectivos empiezan a trabajar desde la unidad lo relativo al matrimonio igualitario, siendo consecuencia de esto la aprobación en el año 2005 de la modificación del Código Civil, lo que permite que las personas del mismo sexo puedan acceder al matrimonio en las mismas condiciones que las parejas heterosexuales.

Se trabaja a la vez desde las entidades sociales por el colectivo transexual y el reconocimiento de su derecho al cambio registral. La consecuencia de este trabajo nos lleva en el 2007 a la aprobación de la (mal) llamada ley para personas transexuales, que permite, no solo el cambio de nombre y sexo en el DNI, sino también a nivel registral.

La aprobación de estas dos leyes nos pone a la cabeza en el ámbito internacional con respecto a los derechos del colectivo LGTB. Sin embargo, desde ese momento hasta ahora hemos perdido puestos encontrándonos en la actualidad, como ha publicado este año ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex), en el décimo primer puesto, lo que nos hace pensar que el poder político se ha relajado pensando que ya había hecho su trabajo. Desde la FELGTB reclamamos la aprobación a nivel estatal de una Ley de Igualdad LGTBI, que significaría volver a los primeros puestos con respecto a la consecución de derechos por nuestro colectivo.

En otro aspecto, tenemos que hacer referencia a la ley aprobada en la comunidad autónoma de Galicia, que no deja de ser un canto al sol, ya que no se contó con las entidades sociales para la redacción del cuerpo de salud y por esto no recoge las necesidades específicas y generales del colectivo LGTBI. Todo ello nos lleva a pensar que, aunque exista esta ley autonómica, no se ha hecho realidad que el colectivo LGTBI de Galicia alcance los derechos necesarios desde su libertad.

Más educación, también para jueces, fiscales y policías

En el año 2005, España se convirtió en el tercer país del mundo, solo por detrás de Países Bajos y Bélgica, en legalizar el matrimonio homosexual. Catorce años más tarde, cabe preguntarse qué reformas se han producido desde entonces y el impacto real que tienen en la vida de las personas del colectivo LGTBIQ (lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales y queer).

Una de las reformas legislativas con más eco fue la relativa al Código Penal. En el año 2010, además de la orientación sexual se añade la identidad sexual como agravante, dando mayor protección también a las personas transexuales, intersexuales y queer. Además, en el año 2015 se incluyó un catálogo específico de delitos que castigan aquellas conductas violentas o de odio cometidas contra personas LGTBIQ. A pesar de estas reformas, las cifras de agresiones son realmente altas, por lo que no parece que estas modificaciones hayan tenido el efecto disuasorio pretendido.

Otro ámbito en el que el colectivo LGTBIQ es objeto de discriminación es el laboral, pese a que el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a la no discriminación. Aunque es cierto que las empresas hacen cada vez más esfuerzos por reforzar las políticas de igualdad, todavía persisten actitudes y comentarios inaceptables en ambientes de trabajo, especialmente hacia personas transexuales.

Precisamente, dentro del colectivo LGTBIQ debe destacarse la vulnerabilidad actual de las personas transexuales, que varía de una comunidad autónoma a otra, dada la fragmentación legislativa. A nivel estatal, la Ley 3/2007 de 15 de marzo, que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, supuso un importante avance en España, permitiendo que nuestro país se adaptase a las exigencias reclamadas en Europa. No obstante, es insuficiente, ya que uno de los requisitos sigue siendo el diagnóstico de disforia de género, lo cual supone una gran estigmatización para las personas transexuales y una vulneración de su derecho a la integridad moral. La identidad sexual de una persona no debería tratarse nunca como una patología.

La cultura de nuestro país es cada vez más abierta, lo que permite una mayor visibilidad de personas de distintas orientaciones e identidades sexuales y contribuye a la normalización. Sin embargo, todavía es necesaria una mejora en la educación, concienciando en los valores de respeto y tolerancia no solo en colegios, sino también en la formación de quienes deben interpretar las normas bajo determinados principios y derechos fundamentales: cuerpos policiales, abogados, jueces, fiscales, funcionarios…

No debemos nunca olvidar que el «Orgullo LGTBIQ» surgió como una respuesta social a la exclusión y a los ataques hacia personas cuya orientación e identidad sexual no se consideraba digna de respeto por el sistema tradicional. Es labor de todos revindicar que cualquier persona pueda vivir y disfrutar su vida de forma plena y libre.

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